viernes, 28 de diciembre de 2018

Carroñeros de Alto Standing


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Dice el Articulo 47 de nuestra Constitución que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y no, no se trata de una inocentada. No hace falta decir que la vivienda es un derecho de esos que a pesar de estar negro sobre blanco no se cumple, dejando a voluntad de los gobernantes la correosa labor de hacer lo "que puedan". Es por eso que con fondos municipales se construyen o se adquieren inmuebles cuyo destino es facilitar un techo a aquellas familias que dejan a su suerte la lotería de poder llegar a habitar una de estas viviendas. Pero que pasa cuando eres alcaldesa de una gran ciudad, con un partido reconocido como uno, sino el mas, corrupto del continente. Cuando uno de tus hijos forma parte de un emporio de fondos distressed, mas conocidos como fondos buitres y del que se dice que financian al "three party" que conforma la derecha de este país. Pues pasa que la buena fe con la que un cargo público debe obrar queda en el basurero del ayuntamiento y que las obras destinadas a tener un fin social se convierten en la carroña que alimenta a pájaros de cuello estrecho y alargado, de pomposo plumaje y pico curvo. Buitres de traje y corbata, de gemelos de oro y maletines cargados de corrupción.

Dice también el mencionado articulo 47 que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Interés general y especulación son dos palabras mágicas en el vademecum delictivo del Partido Popular, el primero porque carecen de ello, y el segundo porque es una de sus principales fuentes de financiación. Vender a un fondo 1860 viviendas públicas se convirtió en su día en un acto reprobable y reprochable, hoy nos confirma además, que es un delito. Y no olvidemos que para algunos, la labor de Ana Botella al frente del Ayuntamiento de Madrid ha sido ejemplar;


Una venta que se efectuó por 128 millones de Euros, bastante por debajo de su precio real, a empresas que se aprovechaban de un país sumido en una profunda crisis para luego venderlos a un precio muy superior, dejando en muchos casos a sus propietarios en la calle. Personas que vieron como se multiplicaba el alquiler astronómicamente al cambiar el propietario del inmueble, haciendo inasumible el permanecer en sus casas, convirtiendo por tanto, el tan preciado derecho en un abuso en toda regla.

A partir de ahora se abre una caja de Pandora en todo lo relativo al abuso de poder que ha sufrido la vivienda en el Ayuntamiento de Madrid, y es que este es solo el inicio, de nada le valdrán los recursos a sus ejecutores nada mas que para ganar un poco mas de tiempo. Una multa de 25 millones de Euros es el principio, pero puede ir mas allá.


Habrá que estar atentos a los próximos acontecimientos, y es que una vez mas se demuestra que aunque se crean que se van a ir de rositas, cuando la presión pública se une, sí se puede.



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